En la pasada edición del periódico de los riosuceños el alcalde municipal, Bernardo Arley Hernández, entregaba un positivo balance de seguridad con el que pretendía justificar las medidas implementadas con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía. Una disminución en riñas y lesionados, sobre todo en la plaza de San Sebastián, es el logro que muestra el mandatario local. Sin embargo la percepción general es otra, situación que se ve corroborada con el aumento en los homicidios que por desgracia se han incrementado en los últimos meses en la Perla del Ingrumá.
Desde luego que no es culpa del alcalde que la gente se mate, lo primero que debemos hacer es reflexionar sobre la manera como solucionamos nuestras diferencias, enseñar a nuestros hijos el respeto a los derechos de los demás y promover valores como la tolerancia y la conciencia de la diversidad. Sin embargo la responsabilidad del Estado, sobre todo de las autoridades de policía, es innegable. La prioridad es el control del porte de armas de fuego y blancas, por encima de simplemente verificar si la gente está consumiendo licor en las mesas de afuera de La Fontana o el atrio o si los ciudadanos están portando su cédula dentro de los negocios.
Es indiscutible que alguien que mate dolosamente a un semejante, así se entregue y acepte cargos, es un peligro para la sociedad y debe ser retirado de la vida en comunidad. No hay razón que justifique que la cárcel de Riosucio tenga capacidad para 54 internos y que albergue a más de 100 hombres, es decir un hacinamiento de más del 100%. Enseguida de nuestro establecimiento penitenciario y carcelario hay un lote del departamento sin utilizar que puede ser usado para ampliar el penal, solo se requiere gestión y voluntad política.
Nuestras autoridades judiciales requieren colaboración para impartir justicia, por eso el deber de denunciar y de declarar en los juicios y en los procesos penales. No hay ninguna razón que justifique que mientras reclamamos castigo para los asesinos, nos neguemos a contar lo que sabemos sobre los hechos o digamos que no vimos nada por miedo a meternos en problemas.
En síntesis, la reducción y ojalá la eliminación de los homicidios en nuestro pueblo es responsabilidad de todos los actores: las autoridades de policía (alcalde, secretario de gobierno, comandantes y uniformados), los funcionarios judiciales (jueces y fiscales), los servidores públicos encargados de la función carcelaria, las familias, los medios de comunicación, los establecimientos educativos y la sociedad en general.
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